Firmado un nuevo acuerdo para la mejora de las condiciones de trabajo en la Seguridad Social que es un brindis al sol mientras no haya un aumento significativo de plantilla. Introduce en próximo Macro la valoración de las comisiones de servicio y adscripciones provisionales. Consagra el perverso sistema de productividad por objetivos.

El pasado 29 de noviembre se firmó un nuevo (el enésimo, hemos perdido ya la cuenta) Acuerdo para la mejora de las condiciones de trabajo en la Seguridad Social. Este acuerdo, aparte de hacer un nuevo refrito de los mismos temas desde hace años, nada modifica el calculado proceso de extinción de la administración pública. Tanto este gobierno como los anteriores (y especialmente desde la modificación del art. 135 de la CE) han ido en la misma dirección: ir mermando los servicios públicos, reduciendo el peso del sector público, colapsándolos por la vía de infra dotarlos de personal y recursos;  dejando cada vez más espacios en manos de la avaricia privada. Un proceso constante y metódico de liquidación del sector público. Y para lograr esta liquidación han contado no sólo con el consenso de los dos grandes partidos, también con la inestimable ayuda de un sindicalismo oficialista que oscila entre la complicidad y la inoperancia, más centrado en mantener su estatus privilegiado ante la Administración que en enfrentarse a estas agresiones.

La situación actual está llegando a poner el funcionamiento de la Seguridad Social al borde del abismo y en serio riesgo de colapso (datos, por ejemplo, de  la TGSS):

  • Un 87,11% de la plantilla está por encima de los 50 años.
  • Un 23,72% supera los 60 años.

Y frente a esta grave situación, la oferta de empleo público que pretenden presentar como un gran logro es nefasta, tardía e insuficiente:

  • La OEP del 2016 se ha cubierto finalmente en octubre de 2018 (siendo una migaja).
  • Las plazas externas de la OEP de 2017 se cubrirán (según sus previsiones) en ¡octubre 2019!. No paliando siquiera las jubilaciones del año 2017 y dejando desiertas las bajas de 2018 y 2019.

Pero mientras esta pérdida constante de puestos de trabajo se produce principalmente en los puestos base (los que mantienen abiertas las oficinas y permiten que las prestaciones de tramiten a tiempo) los niveles más altos se mantienen. Podremos hablar en poco tiempo de una administración aquejada de una macrocefalia acusada, con unos niveles superiores desproporcionados en relación con unos puestos base cada vez más escasos. Y con una estructura sindical gigantesca, pues para un número infinitamente menor de funcionarios, se aumentan el número de liberados sindicales y horas disponibles. Pero de esto no hablan los sindicatos firmantes en su reciente acuerdo. Ante la alarmante falta de personal y el insostenible envejecimiento de nuestras plantillas, nada. Ni oferta extraordinaria;  ni apertura de puertas para que venga personal de otros organismos; ni contrataciones urgentes que palien la insoportable sobrecarga de trabajo, cero. Por todo ello esto mas bien parece una amortización de los Organismos que forman hoy la Seguridad Social y de seguirse esta línea, en el futuro no lejano, toda la AGE.

En el apartado de salud laboral se vende como un avance la posible recuperación de lo que ya teníamos antes del 2015, unos Comités de Seguridad y Salud propios en cada organismo y que estos mismos sindicatos suprimieron gracias a los acuerdos que avalaron con su firma. No  importó prescindir de ellos a cambio de  un puñado de liberados más, ahora, ya consolidados estos, se retoma lo que ya existía. Todo un éxito de este gatopardismo sindical.

Para colmo y después de más de cuatro años sin Macroconcurso de traslados, de reuniones y más reuniones de mesas, grupos y subgrupos de trabajo ahora sabemos que definitivamente se valorarán las comisiones de servicios y por supuesto las adscripciones provisionales, concedidas de forma graciable y sin control ni garantías en muchos casos. Y además se valoran los últimos 5 años, superando los 2 años legalmente establecidos para el desempeño de una comisión y se mantienen, las áreas funcionales (un límite a la auténtica promoción).

Introducen la valoración de méritos específicos para cubrir puestos no singularizados. Unos méritos específicos que en la mayor parte de los casos seguirán siendo tan específicos que sólo podrán acreditar quienes previamente fueron designados por el responsable de turno para ocupar la plaza en comisión de servicio. Y por último cuelan de rondón la vinculación de la formación a los concursos. Es decir, vinculan la carrera administrativa a una formación de escasa calidad, que naturalmente también podrán organizar los sindicatos firmantes de este acuerdo.

Por último, llegan a un “acuerdo indefinido” sobre la productividad por cumplimiento de objetivos que consagra un sistema perverso. Mantener este sistema dónde la consecución de los objetivos constituye en sí mismo el fin a conseguir, incluso a costa del deterioro del servicio público (como con la imposición de la administración electrónica en detrimento de la presencial), es indefendible desde un sindicalismo que defienda el bien público, lo común.

En definitiva hablar de “reorganización de las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes en una misma estructura y la reordenación de sus recursos humanos”, sin un aumento significativo de plantilla es otro brindis al sol. No se pueden mover unos peones que no existen y la escasez de personal afecta a todas las entidades. En estas condiciones este juego es una trampa, un parcheo inconsistente, una tomadura de pelo.

Comunicado del Sindicato Federal de la Administración General del Estado